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lunes, 14 de marzo de 2016

CFK, ECHEGARAY, CRISTOBAL LÓPEZ SON PEORES QUE ROBLEDO PUCH



FORMULA DENUNCIA – MEDIDA URGENTE, SOLICITO SE INTERVENGA y CONFISQUE JUDICIALEMENTE LAS SOCIEDADES COMPROMETIDAS EN ESTA CAUSA.:
Señor Juez Federal:   Dr. Luis Osvaldo Rodríguez
                 JUAN RICARDO MUSSA, por derecho propio y en nombres de todos los Argentinos y en representación como Presidente de la ONG, PASO POR PASO ARGENTINA, con domicilio real en la Av. Quintana 26 Piso 3º Dto. 7 de la ciudad autónoma de Buenos Aires, asistido por el letrado que me patrocina, Dr. Enrique Piragini abogado inscripto al T° 22 F° 23, del C.P.A.C.F., epiragini@gmail.com  Celular 15-4159-8401, y constituyendo ambos domicilio a los efectos procesales en la Av. Callao 569 PB, de esta Ciudad.
   
I.-PERSONERIA:

            Conforme acredito como Presidente  con el Acta de la Comisión Directiva de fecha 08.11.2014, de La “ONG, PASO POR PASO ARGENTINA”,  en el carácter de Presidente de la misma y de acuerdo con lo dispuesto por el Art. 43 de la Constitución Nacional estoy legitimado invocando el interés difuso en base a lo señalado por la Corte Suprema de la Nación, en el precedente, “…Provincia de San Luis contra la Nación” vengo a asumir su representación de todos los Argentinos, en estas actuaciones, asistido por el  letrado que me patrocina, el Dr. Enrique Piragini Tº 22 Fº 23 abogado inscripto en el  C.P.A.C.F Celular 15-4159-8401 y constituyendo ambos domicilio a los efectos procesales en la Av. Callao 569 PB., de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
en la causa Nº 2710/2016 a V.S. me presento y respetuosamente digo:      

II.- OBJETO:

Que vengo ante V.S. a presentar formal denuncia a fin de que se investigue la posible comisión de los delitos configurativas de los delitos: Incumplimiento de los Deberes de Funcionario Público, Lavado Dinero, Asociación Ilícita, Encubrimiento, Cohecho, Falsificación de Declaraciones Juradas de Impuestos, Enriquecimiento Ilícito, así como también lo que V.S. considere de acuerdo a las pruebas colectadas, Negociaciones Incompatibles con la Función Pública, (art. 168, 172, 174, 210, 248, 253, 265, 266, 292, 293, 305 y 306 del Código Penal) Nación por las actuaciones de la Ex Presidente de la Sra. Cristina Fernández de Kirchner, Ex administrador de la A.F.I.P. y actual el presidente de la Auditoría General de la Nación (AGN), , Dr. Ricardo Echegaray, el Sr. Cristóbal López,  Fabián De Sousa y otros, que evaden impuestos, falsificando asientos contables con la complicidad de los Entes de Recaudación en forma absolutamente irregular y violando las Leyes, Códigos Penales y la Ley de Administración Pública,  en forma engañosa constituyen empresas o compran grupos económicos cuyo único fin es armar una abultada cifra de dinero y luego robar los impuestos al Pueblo cosa que V.S. debe considerarla como un Crimen de Lesa Humanidad porque evaluó que las cifras no finales superan los $ 150.000 millones al Estado Nacional y crimen porque al faltar este dinero del Erario Público se desprotegió a los niños y ancianos se hubiese ordenado mejor la salud y la inseguridad todo esto en forma absolutamente irregular.


Primero: quiero decirle va de mío lo subrayado a V.S., que en esta felonía cometida por los funcionarios (El Dr. Piragini me pregunto porque felonía a los hechos delictivos cometidos por esta banda y no fechoría, le contesto simplemente porque por la responsabilidad que tienen todos los funcionarios que son cómplices de esta inconmensurable estafa a la república es traición a la Patria, que también incluyo al fallecido Ex presidente Néstor C. Kirchner y a todos los funcionarios con responsabilidad en los Ministerios que participaron para que Cristóbal y De Sousa que empezaron haciendo servicios petroleros para Pérez Compang con vehículos con 20 años de uso, sin plata hoy son terratenientes, sin dejar de implicar en estas denuncia a Lázaro Báez.


Quiero decirle a V.S. que no logro tener la magnitud de todo lo que facturaron durante estos años este grupo de facinerosos pero lo grafico de esta manera, porque el delito grave que cometieron es un Crimen de Lesa Humanidad a quien solo le robaron es al País razonando que en estos 12 años facturaron unos 1.000 millones de pesos de cuales por distintas vías han robado (Evadir es cuando tengo una liquidación de impuestos por $ 100.000 le corro un cero y pago $ 10.000,- otra cosa es desde el Estado montar un mecanismo de saqueo al país similar a la causa N° 1705/2005 (Int. 683), caratuladas “VAGO, Gustavo Ángel y otros –Contribuyente: Skanska S.A. s/ evasión tributaria simple y evasión tributaria agravada” del registro de la Secretaría única del Juzgado Nacional en lo Penal Tributario N° 1 de la Capital Federal a cargo de un extraordinario juez en lo Penal Tributario, Dr. Javier López Biscayart, como siempre contando con la complicidad de los Funcionarios a cargo de los organismos de control, principalmente con el Dr. Ricardo Echegaray.

Gracias a la persecución que sufrí los últimos años por los ex funcionarios del gobierno anterior, como ser la el bloqueo por parte de la AFIP de la CUIT cosa que nunca entendí porque el Estado dejaba de cobrar importantes cifras de dinero porque si había 200.000 personas que no cumplían con el rito de informar su situación fiscal la recaudación siempre se actualizaba, si bien no era inmediata si el Estado le cobraba en el momento que el Ciudadano actualizaba sus impuestos debía fortunas de intereses, no comprendía él  porque Echegaray que era un perro de presa para supuestamente recaudar en eso fallaba y le hacía daño a la gente, hace poco tiempo me encuentro con uno de los que me atendían de los colaboradores de Echegaray en este tema en el edificio AFIP de Irigoyen le pido que me desasne de este tema me dice muy suelto: “…hay Mussa es fácil hicieron un decreto que las empresas que no mantengan la información de los impuestos mensualmente en forma continua se les bloqueara la CUIT, entonces roban impuestos con empresas que facturan que estaban relacionados con los funcionarios después de robar bastante no informan más se les bloquea  la CUIT   y a los 2 años se da de baja y desaparecieron las empresas.

 III – HECHOS-.

                        A fin de dar precisión a la cuestión de hecho sobre la que girará la presente ampliación de denuncia es que deberé puntualizar algunas cuestiones de suma relevancia.

Por lo que solicito a V.S. se instruya la presente denuncia en base a la nota periodística realizada por el Sr. Hugo Halconada Non dado que describe la mecánica delictual de estos personeros que viven de lo ajeno.
En los últimos cuatro años el empresario patagónico no abonó el impuesto a los combustibles; así financió la expansión de su emporio, ahora en problemas
Durante sus últimos cuatro años en el poder, el kirchnerismo permitió que el empresario patagónico Cristóbal López acumulara una deuda por más de $ 8000 millones con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Y ese pasivo fiscal amenaza con tornarse impagable en el transcurso de los próximos meses, según surge de los balances contables de Oíl Combustibles y otras empresas del Grupo Indalo.
El dinero que cobró López corresponde al impuesto a la transferencia de los Combustibles (ITC), pero no lo envió a la AFIP, según surge de los balances. ¿Cómo funciona? Cada vez que alguien carga nafta en sus estaciones de servicio, de cada $ 14 por litro que cobra, debe girar $ 4 a la AFIP (es decir, el 26% del precio por litro), que se suman a otros impuestos y tasas. Pero no lo hizo.
Con ese dinero que retuvo, el empresario expandió su conglomerado de empresas al que bautizó Grupo Indalo. En otras palabras, López no impulsó el crecimiento de su imperio con las ganancias del juego -divisas que mandó en parte al exterior para, por ejemplo, comprar un casino en Florida, Estados Unidos-, sino que lo hizo con fondos que debió girar al Tesoro nacional.
Según reconstruyó LA NACION con la ayuda de contadores, tributaristas y auditores, los ejes centrales de la operatoria que montaron López y De Sousa se reducen a unos pocos pasos. Primero, fondearon Oil Combustibles con el ITC por $ 6065 millones a junio de 2015, en tanto que el resto de la deuda corresponde al ITC que tampoco pagaron desde entonces y a los intereses acumulados sobre esa deuda, hasta orillar los $ 7400 millones, más otros $ 600 millones en impuestos que también retuvieron otras empresas del grupo. Total: $ 8000 millones.

El segundo paso llegó después. Con ese dinero, López comenzó a fondear otras firmas de su grupo, entre las que descolló Inversora M&S SA, que recibió $ 3300 millones, según surge de los balances analizados. Y el tercer paso resultó inmediato. Inversora M&S SA comenzó a comprar activos o financiar sus operaciones, lo que explicó la compra de medios de comunicación, el banco Finansur y fábricas como Paraná Metal, o la supervivencia durante años de compañías que no eran redituables.
Toda esta operatoria, a su vez, ocurrió durante un período clave. Porque al mismo tiempo que López se fondeó con el ITC, el precio de las naftas comenzó a subir. Y le alquiló al menos dos departamentos, una oficina y cinco cocheras a la entonces familia presidencial Kirchner durante años a cambio de varios millones de pesos, según reveló LA NACION en marzo de 2015. No sólo eso. También le giró fondos desde su hotel El Retorno, en Bariloche, al Alto Calafate, el principal hotel de los Kirchner en Santa Cruz.
Allí no se acaban los lazos cruzados. Porque la sobrina de la ex presidenta -e hija de la gobernadora Alicia Kirchner-, Romina Mercado, trabaja desde febrero de 2012 y hasta hoy en Inversora M&S SA, al mismo tiempo que tomó las riendas como presidenta del directorio de Hotesur, la sociedad controlante del Alto Calafate, según los registros laborales y societarios.
Durante ese mismo período, además, distintas áreas del Estado nacional mostraron indicios inusuales a favor de Cristóbal López. Desde el Ministerio de Economía y la Aduana, por Álcalis de la Patagonia, hasta la unidad antilavado (UIF) y el Banco Central (BCRA), por el banco Finansur, o la Afsca para su ingreso en el sector de los medios.
Lo mismo ocurrió en la AFIP, que toleró la retención de esos $ 8000 millones de pesos en impuestos atrasados por parte de López y De Sousa. El organismo les permitió acumular esa deuda, luego convalidó que la colocaran en múltiples regímenes de asistencia financiera (RAF) -planes de pago de hasta seis cuotas que ofrecía el organismo tributario- y, por último, cuando el volumen de esa deuda se tornó sustancial, les permitió consolidarla en sucesivos planes de pago.
La benevolencia de la AFIP frente a Oil Combustibles durante los últimos años contrasta, sin embargo, con la rigidez que el mismo organismo mostró frente a las otras petroleras, que no pudieron cobrar y retener el ITC sin correr el riesgo de afrontar las intimaciones y embargos del organismo tributario. De hecho, ninguna de las otras grandes compañías que operan en el país -YPF, Shell, Petrobras, Avión- mantiene deudas con la AFIP por el ITC. "La operatoria habría terminado con una denuncia penal", indicó un ex alto ejecutivo del sector petrolero que mantuvo varios cortocircuitos con el kirchnerismo.
Ahora, además, las nuevas autoridades de la AFIP comenzaron a intimar a Oil Combustibles, lo sometieron a controles más exhaustivos y le comunicaron que no le permitirán que retenga nuevos fondos por el ITC.

Riesgo inminente

Según surge de los balances de diversas empresas del Grupo Indalo, López y De Sousa concentraron esta maniobra fiscal en Oil Combustibles, que acumuló más del 90% de toda la deuda tributaria. Y que, según anunciaron el viernes, quedará a partir de ahora en manos de De Sousa.
Oil Combustibles es, a la vez, la firma con que adquirieron algunos activos en la Argentina -pero no todos- de la petrolera brasileña Petrobras, operación que quedó bajo la lupa judicial en Brasil por el presunto pago de sobornos.
Los balances de Oil Combustibles reflejaron esa paulatina acumulación del ITC que montaron López y De Sousa. Así, a mediados de 2010, la petrolera informó una deuda con la AFIP por apenas $ 78.285; pero un año después -y ya con la adquisición de activos de Petrobras en el país- subió a $ 179,9 millones, y para junio de 2012 llegó a $ 1262,9 millones.
Pero la operatoria no sólo continuó, sino que se potenció y expandió, hasta ahora correr el riesgo de resultar impagable. Así, en 2013, a $ 1591,7 millones; en junio de 2014, a $ 3145,7 millones, y para mediados de 2015, a más de $ 6065 millones (entre deuda corriente y no corriente). Desde entonces, además, continuó en ascenso hasta diciembre pasado ya que Oil siguió sin girar a la AFIP cientos de millones de pesos correspondientes al ITC, a los cuales se aplicaron los intereses.
Ahora, sin embargo, con más de $ 7400 millones de deuda fiscal acumulados en Oil Combustibles, López y De Sousa afrontan serios desafíos contables, financieros y tributarios para mantener a flote el Grupo Indalo, coincidieron los analistas consultados por LA NACION. Los motivos son múltiples:
-Según sus balances, Oil Combustibles sólo cuenta con un patrimonio neto de $ 447 millones, mientras que su crecimiento respondió al "apalancamiento" de la AFIP, y con un notable descalce de liquidez;
-Para obtener los planes de pago de la AFIP, López y De Sousa promovieron la revaluación contable (no basada en una inversión real) de los "bienes de uso" de Oil Combustibles por más de $ 1669,8 millones. Es decir que los mismos bienes de la compañía que en junio de 2013 valían $ 226,4 millones, un año después pasaron a valer 8,2 veces más: $ 1876,2 millones;
-Ese revalúo quedó a cargo de una pequeña firma sin mayores antecedentes en el mercado, y aunque el revalúo se fijó en junio de 2014, según la propia auditoría el informe se terminó seis meses después, el 15 de diciembre de ese año;
-Transcurridos 21 meses desde que se computó ese revalúo, el recálculo todavía se encuentra pendiente de la aprobación final de la Inspección General de Justicia (IGJ), que durante el último año del gobierno kirchnerista no resolvió si aprobaba o rechazaba esa operación contable;
-Como auditora externa, Deloitte también consignó la revaluación como un riesgo latente para Oil Combustibles. "De no resultar aprobada la revaluación -indicó-, el patrimonio neto disminuiría en 1.059.251.141 [pesos], el activo en 1.629.617.142 [pesos] y el pasivo no corriente (impuesto diferido) lo haría en 570.366.001 [pesos]". Es decir que pondría en serio riesgo a la compañía.
Sin embargo, la revaluación pendiente no es el único factor de riesgo para Oil. Declaró entre sus activos los préstamos por más de $ 4300 millones que le otorgó a otras empresas del grupo (los $ 3300 millones que giró a Inversora M&S SA-que ahora controlará sólo López-, más otros $ 350 millones a South Media Investments y $ 592,2 millones a "otras partes relacionadas", entre otros). Pero según Deloitte, el recupero de ese dinero es una pregunta abierta: "La realización y la cancelación a futuro de los activos y pasivos entre empresas del grupo económico se encuentran condicionadas al cumplimiento de los planes de negocios de cada unidad de negocios en el corto y mediano plazo".
Así, según surge de los propios balances de Oil Combustibles, si la IGJ no aprueba el revalúo contable de sus bienes o si las otras empresas del Grupo Indalo no pueden devolverle el dinero prestado, la petrolera mostrará un patrimonio neto negativo y quedará en condiciones de disolución. Salvo, claro, que sus accionistas le inyecten fondos frescos por montos multimillonarios. Más relevante aún, esos balances exponen las serias dificultades que afrontan López y De Sousa para devolver los $ 8000 millones en impuestos que adeudan a la AFIP. El viernes anunciaron el fin del Grupo Indalo como era hasta ahora.

Una operatoria irregular

Cristóbal López articuló un mecanismo para eludir pagos a la AFIP que fue cuestionada por una evaluadora
IV.-MEDIDAS URGENTES:
 
1).- Solicito a V.S. la intervención judicial de las empresas que deben ser confiscadas para que su patrimonio vuelva al Erario Público:
Las casas de juegos de azar de todo el país que cuya propiedad o concesión estén relacionados con las personas o empresas de los imputados, o esposas o hijos o parientes cercanos y lejanos de los mismos.

Las empresas son: Indalo Combustibles, Oil Combustibles, Indalo Producción, Alcalis de la Patagonia, Paraná Metal, Indalo Servicios, Oil M&S, Oil M&S E&P, Petrolera Cerro Negro, Feadar, Tsuyoi, Serma, Indalo Media, Ideas del Sur, FM Vale, Minutouno.com, C5N, FM One, Ambito Financiero, Radio 10, Mega, La Corte, Pop Radio, PPT, Medios en Comodoro.

2).- Solicito a V.S. que se instruya una investigación sobre las empresas que fueron dadas de baja por el organismo de control que es la AFIP, con la colaboración del Administrador del mismo.

3).- Solicito a V.S. se instruya al Poder Ejecutivo Nacional para que pida la colaboración al Gobierno de los Estados Unidos y a los Gobiernos de Europa para que investiguen los destinos de los fondos robados por los ex funcionarios del gobierno anterior al Pueblo Argentino.

4).- Solicito a V.S. se cite a indagatoria a todos los responsables de este crimen por el Articulo 294, con prisión preventiva inmediata a todos.
V: MEDIDAS DE PRUEBAS:
a).- Solicito a V.S. se cite a prestar declaración testimonial del Contador Alberto Abad a cargo de la Administración Federal de la Administración Federal de Ingresos Públicos.
b) Solicito a V.S. la conexidad con la causa Nº 6.785/2010, porque en la misma se demuestra que en realidad no son un grupos de personas que circunstancialmente hacen negocios sino que fueron y siguen siendo cómplices de todas las felonías que cometen en detrimento del hambre del Pueblo.
En la sospecha de que las actuaciones de los Señores Cristina Fernández de Kirchner, Ricardo Echegaray, Cristóbal López, Fabián De Sousa y otros, por puedan resultar alcanzados por las disposiciones del Código Penal, se formula la presente denuncia y se solicita a V.S., se inste la pertinente investigación.
VI.- PETITORIO:
         a) Se tenga por constituido el domicilio, por  formulada la presente ampliación de denuncia y se inicie el trámite judicial correspondiente;
            b) Se me autorice a constituirme como parte querellante de manera oportuna, en mi carácter de ciudadano argentino.

            c) Se dispongan las medidas de prueba pertinente, pendiente, a investigar en relación al hecho denunciado, citándose oportunamente a los presuntos involucrados, y adoptándose a su respecto los recaudos procesales que impidan que eludan el accionar de la justicia o que entorpezcan la investigación.
  
                           Tener presente lo expuesto y proveer de Conformidad. 
          
                                       SERA AFIANZARA LA JUSTICIA.-













Dr. Enrique A. Piragini 
        Abogado
     T° 22 F° 23

      C.P.A.C.F.

domingo, 15 de febrero de 2015

POLLICITA, CON NISMAN NO ALCANZO¡¡¡










No nos maten, que la República nos defienda.




















FORMULO DENUNCIA –SOLICITO PROTECCIÓN PARA LA VIDA DEL FISCAL DR. GERARDO POLLICITA, DESDE AHORA:
Señor Juez Federal: Dra. María Romilda Servini
                 JUAN RICARDO MUSSA, por derecho propio y en nombres de todos los Argentinos y en representación como Presidente de la ONG, PASO POR PASO ARGENTINA,  asistido por el letrado que me patrocina, Dr. Enrique Piragini abogado inscripto al T° 22 F° 23, del C.P.A.C.F., epiragini@gmail.com , Celular 15-4159-8401, y constituyendo ambos domicilio a los efectos procesales en la Av. Callao 569 PB, de esta Ciudad.
I.-PERSONERIA:
            Conforme acredito como Presidente  con el Acta de la Comisión Directiva de fecha 08.11.2014, de La “ONG, PASO POR PASO ARGENTINA”,  en el carácter de Presidente de la misma y de acuerdo con lo dispuesto por el Art. 43 de la Constitución Nacional estoy legitimado invocando el interés difuso en base a lo señalado por la Corte Suprema de la Nación, en el precedente, “…Provincia de San Luis contra la Nación” vengo a asumir su representación de todos los Argentinos, en estas actuaciones, con domicilio real en la Av. Quintana 26 Piso 3º Dto. 7, de la ciudad autónoma de Buenos Aires, asistido por el  letrado que me patrocina, el Dr. Enrique Piragini Tº 22 Fº 23 abogado inscripto en el  C.P.A.C.F, epiragini@gmail.com Celular 15-4159-8401 y constituyendo ambos domicilio a los efectos procesales en la Av. Callao 569 PB., de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a V.S. me presento en la causa Nº           Sumario 384/2015 y respetuosamente digo:      
II.- OBJETO: Que vengo a interponer denuncia ante la  configuración de los delitos de Amenazas, Extorsión, Instigación a cometer Delitos, Apología del Delito, Art. 34 inc. 5, 34 inc. a, 149 bis, 149 ter. Inc. a y b, 157 bis inc. 1, 210, 213 bis,    del Código Penal ARGENTINO, por las actuaciones del Jefe de Gabinete Sr. Milton Capitanich, al titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), Martín Sabbatella, a  los Directores del Diario Página 12, a su presidente Fernando Sokolowicz,  el Sr. Raúl Kollmann y otros han violado las Leyes, Códigos Penales y la Ley de Administración Pública o así como  lo considere V.S., a delincuentes cosa que los Argentinos ven con mucho asombro algo que se hace en forma absolutamente irregular.
II.-HECHOS:
                        A fin de dar precisión a la cuestión de hecho sobre la que girará la presente denuncia es que deberé puntualizar algunas cuestiones de suma relevancia.
En el día de ayer, viajando desde Martínez, eran casi las 19 horas, siempre llevo las ventanillas abiertas del auto, desde que pase el túnel de Libertador, me perturbado por 2 autos, no les preste atención pero me pasaban, se retraían, cuando llego a Juan B. justo, doblo en ese momento o un rato después, desde un “Peugeot 206 o 207”, al auto no le preste atención, pero una cara que me pareció conocida, me grita: “… Mussa¡¡¡, a vos y pollicita están en el horno”, marcando el cuello con el dedo pulgar aparentando un cuchillo que me degüella, atento al comentario de las amenazas que les dijo Nisman a las Diputadas Alonso y Bullrich, en mi caso y con las implicancias que vivimos por ese aberrante crimen, no por mi seguridad, porque sé que soy importante en mi sociedad, pero el Fiscal Gerardo Pollicita, le solicito a V.S., que en forma urgente se tomen todas los recaudos necesarios a partir de ahora, para preservar la vida del mismo.
Muchos anuncios se hicieron presagiando un final violento de la vida del Dr. Nisman, marca que algo grave se estaba pergeñando, algo ocurrió que el fin de semana previo al crimen algo se desboco en su  de los actos criminales de aquellos que detentan el poder que sus secuaces menores o participes necesarios hicieron una descarga de blasfemias que iban desde los que dijeron, Diana Conti  “…Vamos a ir con los tapones de punta”,  o algo que salió en un diario ya estaba muerto, todos los aquí denunciados son parte del crimen, autores intelectuales, participes necesarios, cómplices, en  tanto así sea por omisión o complicidad.
Por lo reitero a V.S., se dé urgente protección policial al Fiscal Gerardo Pollicita.

Desde el asesinato del Fiscal Alberto Nisman, nuestro país vive en estas horas aciagas, esta sin destino, al poner nuestra Presidente, en tela de juicio ante la Sociedad y el Mundo a la República, cuándo lo único que buscan estos funcionarios es encubrir el crimen, como vera V.S., en la tapa del diario Página/12, una muy clara amenaza hacia la vida del Dr. Pollicita poniendo en su tapa, ya tenemos bastante con lo observado contra el Dr. Nisman, (…Era un agente del MOSSAD y de la CIA), que según todos los medios de propaganda pagos para este servicio de amenazar gente desde el Estado, clarifican y sentencian al Fiscal que se hizo cargo de la brillante denuncia del Dr. Nisman, así lo califico, porque solo con el acuerdo con la República de Irán, deben ser indagados y encarcelados, ahora aflora este título en este periódico “…OTRO FISCAL DE SERVICIO”,   poniendo a cargo de la responsabilidad criminal al  Jefe de Gabinete, al Sr. Milton Capitanich y al titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), Martín Sabbatella, los demás, encubridores, participes necesarios en la comisión de delitos aquí denunciados.
Imputo a todos los denunciados en la presente atento al manejo irregular de fuertes sumas de dineros mal habido, porque este gobierno los entrega a cuenta de publicidad y prebendas que nunca existieron, será ahora que deban los que percibieron fuertes sumas de dinero irregular, por un trabajo sucio que los hace cómplices del Gobierno parece aunque cometan delitos no  quieren dejar de percibirlo aunque sean culpables o cómplices de crímenes de Lesa Humanidad.
Adjunto la tapa del diario Página/12, del día 14 de febrero de 2015, así como también agrego el comentario que en el mismo día hace el Periodista Raúl Kollmann, donde comete no solo delitos de ETICA PROFESIONAL, es palmaria reflexión de una mentira, porque no se condice con la real denuncia de Nisman y la convierte en una amenaza de muerte, acordándome, que como estúpido deje pasar cuándo el Fiscal Nisman le dijo a todo el Pueblo Argentino: “…Yo puedo salir muerto de esto”, a pesar de saber en que estaba, nosotros no hicimos nada, pero que no debemos dejar que pase lo mismo hoy, ante las no dudas de quienes fueron los asesinos, en forma directa o que quienes pretendieron salir impunes de semejante crimen, hoy debemos resguardar la vida del Fiscal Pollicita.
El fiscal federal Gerardo Pollicita impulsó, tal como era previsible, la denuncia contra la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el canciller Héctor Timerman, el diputado Andrés Larroque y otras personas. El delito es el de encubrimiento del atentado contra la AMIA. Pollicita insiste –siguiendo la denuncia formulada por Alberto Nisman antes de morir– en hechos inexistentes: dice que se pretendió levantar las alertas rojas contra los sospechosos iraníes, pero no se levantaron; afirma que se estaba por constituir una Comisión de la Verdad que iba a garantizar la impunidad de los iraníes, pero no se constituyó; sostiene que se iba a instalar una pista falsa de que el atentado fue cometido por “fachos locales” y no terroristas islámicos, pero esa pista falsa nunca se presentó. Y concluye en que todo se haría para concretar una mejora en las relaciones económicas, cosa que tampoco ocurrió. El juez Daniel Rafecas deberá ahora resolver qué criterio adopta frente a la denuncia “Debería desestimarla –señaló ayer el jurista León Arslanian–. No vemos ni siquiera el comienzo de ejecución, ni un acto preparatorio de un acto delictivo.” Arslanian explicó que “está claramente documentado, hasta en la propia denuncia, que el canciller insistía frente a Interpol que de ninguna manera las alertas rojas debían ser levantadas”. Pollicita pidió que la causa quede bajo secreto de sumario, no dio a conocer las 50 medidas que propuso –para no frustrar la investigación– y requirió colaboración de la flamante Unidad AMIA.
Fiscales
Pollicita –al que el oficialismo vincula con el macrismo porque tuvo cargos en Boca durante la presidencia de Mauricio Macri–, trató de enderezar sutilmente la denuncia de Nisman, porque ya percibió que en los últimos días de vida del fallecido fiscal sus argumentos habían sido demolidos por el ex secretario de Interpol, Ronald Noble; por el juez Rodolfo Canicoba Corral, que dijo que “la denuncia de Nisman tiene nulo o escaso valor probatorio” y que se fundaba “en un trabajo de servicios de Inteligencia” y por la documentación que certificó que el canciller Timerman le recalcó a Interpol, desde el primer momento, que las alertas rojas no podían modificarse ya que cualquier cambio sólo era facultad del juez.
Pollicita casi no tenía otro camino que impulsar la causa: era impensable que dijese que la denuncia de Nisman carecía de fundamento. Menos aún ante la marcha que protagonizarán el miércoles los otros fiscales de Comodoro Py, muy cercanos a él.
Alertas rojas
El fiscal federal no podía escaparle a la cuestión central de la denuncia de Nisman: las alertas rojas. Lo formuló reiteradamente en el escrito que presentó ante Rafecas: “En base a ello, el fiscal Nisman interpretó que la notificación operativa e inmediata del Memorándum de Entendimiento fue la excusa para solicitar a Interpol que diera de baja las notificaciones rojas, esto entendido como una ayuda dirigida a evitar la detención de los prófugos”.
Como señaló la procuradora del Tesoro, Angelina Abbona, en el escrito presentado en defensa del Estado ante el juez Rafecas, cuando el canciller le informó a Interpol de la suscripción del Memorándum –en carta del 15 de febrero de 2013, dos semanas después de la firma–, sostuvo: “Cualquier cambio en los requerimientos de capturas sólo puede ser realizado por el juez argentino que entiende en la causa, doctor Rodolfo Canicoba Corral”. Y en la misma carta firmada por Timerman, un párrafo más abajo, dice: “La firma del Memorándum ni su entrada en vigor producen cambio alguno en el status en el procedimiento penal aplicado ni en el requerimiento de captura internacional arriba mencionado”. A raíz de esta carta –según declaró el ex secretario general de Interpol, Noble–, Timerman pidió una respuesta por escrito. Y un mes más tarde, el responsable legal de Interpol, Joel Sellier, un juez francés, contestó y ratificó que la firma del Memorándum, al que consideró un paso adelante, no implicaba ningún cambio en las alertas rojas.
De forma asombrosa, Nisman primero y Pollicita ahora saltean la existencia de la carta original de Timerman advirtiéndole a Interpol que no había cambios en las capturas y saltean también el pedido de que la organización internacional ponga por escrito ese concepto. Noble fue categórico en recordar todos estos pasos, considerando falsos los planteos de Nisman.
Juez
En el texto presentado por la Procuración del Tesoro (ver aparte), además se hace notar que ya en su momento el juez del caso AMIA, Canicoba Corral, se pronunció sobre el tema ante un planteo de AMIA-DAIA: “No se ha logrado probar en autos la existencia de la lesión referida a la cancelación de las alertas rojas”. O sea que el magistrado ya dijo en su momento que no se verificó ningún intento del Ejecutivo de levantar las alertas rojas. Y Abbona insiste en un concepto adicional: aun cuando la Cámara Federal declaró la inconstitucionalidad del Memorándum, lo hizo por considerar “la incidencia que podría tener la Comisión de la Verdad, pero no porque la firma del Memorándum pusiera en juego la plena vigencia de las alertas rojas”.
Pese a las evidencias, Pollicita –siguiendo a Nisman– argumenta que las alertas rojas no cayeron por la firmeza de Interpol, cuando la documentación y hasta el testimonio del norteamericano Noble indican que “el gobierno argentino se mantuvo firme y coherente en este tema”.
Pollicita pretende utilizar como fundamento que Teherán dice que “no le cumplieron” con el levantamiento de las alertas rojas y por eso desistió del Memorándum. Lo objetivo, en cualquier caso, es que “no hubo ayuda para los imputados”, como requiere el delito de encubrimiento, entre otras cosas, porque el canciller y la Presidenta le reiteraron a Interpol que la firma del Memorándum no cambiaba las órdenes de captura.
Ocultando
Pollicita se dio cuenta de que algún aspecto de la denuncia de Nisman no resistía el menor análisis. En concreto, por ejemplo, aquello del cambio de petróleo por granos. Es que ya quedó claro que la Argentina no tiene refinadoras de petróleo que puedan procesar hidrocarburos con tanto azufre como el iraní.
De todas maneras, para instalar la idea de la existencia de un canje de impunidad por mejora en la relación económica, Nisman y ahora Pollicita apelaron a las escuchas telefónicas entre Yussuf Khalil, un argentino de la comunidad chiíta, Luis D’Elía o Fernando Esteche, líderes de Miles y de Quebracho, y el supuesto espía Allan Bogado. Entre ellos hablan de negocios fabulosos y dicen que provienen de diálogos con la Presidenta, el ministro de Planificación, Julio De Vido, o el diputado Andrés Larroque. En ninguna de las escuchas aparece evidencia alguna y, como sostiene la procuradora del Tesoro, “se trata de terceros no investidos de ninguna representación del Estado argentino”. A esto se agrega que Bogado había sido denunciado por la propia Secretaría de Inteligencia.
Rebajando un poco lo de petróleo por granos, Pollicita lo transformó en que la Presidenta y el canciller buscaban “mejorar las relaciones económicas”. Lo real es que eso tampoco se verificó. El Ministerio de Economía y la AFIP, en documentación presentada a través de la Procuración del Tesoro, demostraron la inexistencia de crecimiento en el vínculo comercial. Con informes de la FAO, además, se explicó que los leves cambios en las compras a la Argentina tuvieron que ver con sequías en Irán y no con razones políticas. En todos los casos, las ventas de soja a Teherán se concretaron a través de empresas privadas, no del Estado.
Fachos
Uno de los argumentos de la denuncia de Nisman era que existía el plan de crear una pista falsa respecto del atentado. Se le iba a adjudicar responsabilidad a un grupo de “fachos locales”, para de esa manera sacar de la acusación a los iraníes. En el texto original redactado por el fiscal fallecido no se daban mayores explicaciones y se salteaba un aspecto decisivo: cualquier pista nueva debía pasar por el juez Canicoba Corral y el fiscal Nisman.
Además, lo cierto y concreto es que, pese a que supuestamente el plan empezó a elaborarse en 2011, hasta 2015 no se había presentado nada semejante.
En el escrito redactado por Pollicita se afirma que lo de la pista de fachos locales sería planteado por la Comisión de la Verdad, un cuerpo previsto en el Memorándum. Extrañamente, se habla de que estaría integrado por un par de iraníes, cuando el texto dice lo contrario: expertos en derecho internacional, ni argentinos ni iraníes. Pero ese cuerpo sería el que instalaría la idea de que el atentado fue cometido por argentinos de derecha. “Específicamente, Nisman advirtió sobre un cambio de hipótesis y un redireccionamiento de la investigación judicial del caso AMIA, hacia nuevos imputados, fundado en pruebas falsas y destinado a desvincular definitiva y fraudulentamente a los acusados iraníes, lo cual sería materializado a través de recomendaciones de la Comisión de la Verdad cuya observancia el Estado argentino estaba comprometido.”
Por lo que se sabe, no hay ninguna evidencia de eso: sólo surge de escuchas en las que hablan, por ejemplo, Khalil y D’Elía, siempre en tono elíptico. Pero, por ejemplo, no mencionan a nadie, ningún “facho local”; no existe un papel, un documento, algo concreto que indique que ese plan de la pista falsa se iba a poner en marcha alguna vez. Y es evidente que el primero que iba a tener que evaluar –y frenar– cualquier movida de ese estilo era el propio Nisman.
Comisión de la Verdad
En el texto entregado ayer, se le da a la Comisión de la Verdad, creada en el Memorándum, una relevancia completamente distinta de la que tenía. Se dice ahora que era el gran plan de impunidad.
La debacle de la mayor parte de los argumentos presentados por Nisman llevó a Pollicita a poner a la comisión en el centro de la escena. El más grave problema que tiene esa movida es que el Memorándum de Entendimiento, que incluye a la Comisión de la Verdad, fue votado por el Congreso Nacional, de manera que si su creación constituye un delito, participaron los diputados y senadores.
En realidad, el Memorándum no está en vigencia ni lo estuvo nunca, porque el paso clave consistía en la entrega de cartas revérsales, es decir de cartas en las que ambos gobiernos aceptaban los términos firmados. Irán nunca terminó de convalidarlo, pese a que la oposición siempre sostuvo que le resultaba muy ventajoso. En el texto, la Comisión de la Verdad podía realizar recomendaciones, pero no vinculantes, es decir que de todas maneras las resoluciones judiciales sólo corrían por cuenta del juez argentino. Es curioso que hoy la oposición proponga una Comisión de la Verdad para investigar el caso Nisman.
“A la luz de lo sostenido en la denuncia –dice Pollicita–, en el caso se habrían realizado una serie de actos, en especial la creación de la denominada Comisión de la Verdad, orientados a la desvinculación de los imputados iraníes de la causa AMIA y a la creación de una hipótesis acusatoria falsa con entidad suficiente para que aquellos eludan cualquier tipo de responsabilidad.”
Esto significa suponer que una Comisión de la Verdad que nunca existió, que era parte de un texto aprobado en el Congreso pero que nunca entró en vigencia, iba a presentar una pista falsa que se nunca presentó y que de esa manera se iba desvincular a iraníes que nunca fueron ni desvinculados ni se les suprimieron las órdenes de captura con alertas rojas.
En la sospecha de que de la actuación de los Sres. Milton Capitanich, al Sr. Martín Sabbatella, a  los Directores del Diario Página 12, al Sr. Fernando Sokolowicz,  el Sr. Raúl Kollmann y otros, puedan resultar alcanzados por las disposiciones del Código Penal, se formula la presente denuncia y se solicita a V.S., se inste la pertinente investigación.
V.-PETITORIO-.
         a) Se tenga por constituido el domicilio. Por  formulada la presente denuncia y se inicie el trámite judicial correspondiente;
            b) Se me autorice a constituirme como parte querellante de manera oportuna, en mi carácter de ciudadano argentino.
            c) Se dispongan las medidas de prueba pertinente, pendiente, a investigar en relación al hecho denunciado, citándose oportunamente a los presuntos involucrados, y adoptándose a su respecto los recaudos procesales que impidan que eludan el accionar de la justicia o que entorpezcan la investigación.
              Tener presente lo expuesto y proveer de Conformidad. 
                                  SERA AFIANZARA LA JUSTICIA.-